lunes, 21 de febrero de 2011

No tan muerto el viejo Marx


El Tábano de Io
Año dos /N° 18/ Febrero-Marzo 2011

www.elteatrito.com
Una forma diferente de hacer y ver Teatro

Alternativa Social Independiente

Resistencia artística contra la hipocresía y el olvido

 

 

 
 
 

EDITORIAL


NO TAN MUERTO EL VIEJO MARX

Lo que el capitalismo ofrece por doquier. En Argelia, en Egipto, en Argentina, en Francia, en España, en Senegal, en Ucrania, en Japón. Las semejanzas no son casuales y su vigencia en distintas geografías y culturas habla de un modo de organizar a la sociedad que oprime gente y destruye naturaleza. Un sistema social que no se limita a la explotación de otros hombres: abarca todo el arco iris de la naturaleza. Un modo de producir y de consumir que hay que dejar atrás y superar para no dejarnos llevar a nuevos holocaustos, cada vez más globales.
El fantasma que recorre el norte africano hoy es el mismo de siempre: las ansias de un nuevo sistema social que desarrolle humanos bajo la impronta de libertad, justicia y solidaridad. Todos los artilugios verbales para desaparecer a las clases y maniatar a los oprimidos revelan su cortedad. Estamos en los umbrales de una nueva época en la cual los olvidados de siempre se rebelan y elaboran nuevas síntesis de esperanza.
Los diferentes artículos que presentamos en este número pretenden despertar comparaciones, buscar correlaciones, identificar problemas y sus causas al mismo tiempo que destacar las fuerzas relativas que miles de víctimas ponen en acción resistiendo y buscando salidas a este sistema social empantanado. Las ilusiones del capitalismo benefactor de posguerra se revelaron como un tregua para lamer las heridas de dos guerras mundiales con profundos contenidos de clase. Duró lo poco que duró y sólo en aquellas partes del mundo hacia el cual fluían en masa recursos naturales del mundo entero que garantizaban la tregua.
Hoy con un planeta irresponsablemente degradado, capitalistamente redondo pero socialmente desigual, multitudes de oprimidos se coaligan en calles y fábricas para reclamar por este desatino. El futuro de esta lucha es incierto, pero sin lucha será demoledor.
Los artículos presentados refieren a países de características y culturas diferentes, sin embargo por debajo de estas diferencias parecen estar gestándose las fuerzas tanto intelectuales como organizativas de una nueva época.
La obsesión por la seguridad en Francia habla de las extendidas inseguridades que el capital requiere para su funcionamiento. La imposibilidad de ocupar a la población en actividades socialmente necesarias y desarrolladoras de crecimiento humano no es un problema exclusivo de Argelia, allí está también Japón y el drama de los jóvenes. Lo que hoy sucede en Egipto se fue incubando en un largo proceso que ya en 2008 se manifestaba abiertamente y cuyo fondo antes que político fue social. 
 
En Argentina fábricas ocupadas y experiencias de gestión pueden abrir debates interesantes hacia el futuro acerca de las formas de organizar sociedad y producción cuando las ataduras a la lógica de mercado desaparezcan. En Ucrania los nacionalistas pretenden lavarse la cara y mientras reivindican la colaboración con el nazismo durante la guerra las fábricas cierran y dejan a los trabajadores librados a su inventiva. En España, al igual que en Ucrania la extrema derecha no se deja juzgar por sus crímenes durante el franquismo y arremete contra sus jueces. Estos epifenómenos expresan que las tensiones sociales se convierten en campos de fuerzas que podrán devenir en cambios rupturistas si, al mismo tiempo, la reflexión crítica y las ideas alternativas se profundizan.
Justamente en esa dirección Michael Löwy, Tadeu Breda y Jorge Rechmann, aportan desde ángulos y geografías diferentes elementos teóricos y de diagnóstico en un intento de pertrecharnos con nuevas síntesis y conceptos que mejor describan la actual situación del mundo y del movimiento social. Es nuestra intención que estos artículos nos ayuden a profundizar un debate esclarecedor y oriente nuestras acciones presentes y futuras con la finalidad de deshacernos para siempre de la perversa dinámica del mercado capitalista.
Una vez leídos todos los artículos pocas dudas quedan acerca de la vigencia de la lucha entre clases y nostálgicamente recordaremos otras épocas en las cuales las organizaciones en lucha se coaligaban para acciones conjuntas en el plano internacional. Sin embargo, los balances obligados de experiencias anteriores también obligan a nuevas síntesis y revaloración de ideas que articulen movimientos con distintas raíces. Esas nuevas ideas deberán ayudarnos a deshacernos de toda la parafernalia con la cual el capitalismo se ha justificado a sí mismo hasta el día de hoy. Los manifiestos problemas ambientales son expresión del carácter explotador y destructivo del modo capitalista de producción y consumo que lo mismo degrada hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos o ecosistemas. 
 
Dos siglos y medio de subordinación al sistema del trabajo asalariado han estructurado la mentalidad de toda una época, han impuesto comportamientos sociales, han impregnado la visión del mundo y de las cosas, y modelado las expresiones culturales de la sociedad y de las personas. Ello a pesar de múltiples resistencias a lo largo de todo su andar histórico. El debate informado, es para nosotros el único medio para revalorizar conceptos e ideas, renovarlas y proyectarlas en nuevas acciones libertarias. Nuestra modesta aportación es presentar esta selección de artículos la responsabilidad del debate es de todos. 




Arrebatos de "libertad"


URGENCIAS SOCIALES, OBSESIÓN SECURITARIA
Arrebato represivo en Francia

“Restringir las libertades no nos ha conducido por caminos más seguros”, afirmaba en mayo pasado Nicholas Clegg, el vice-primer ministro liberal-demócrata británico. Se trate de los romaníes o de los suburbios, los dirigentes franceses están persuadidos de lo contrario, aunque la opción represiva contiene los gérmenes de su propio fracaso. 

Por: Laurent Bonelli de la redacción de Le Monde diplomatique, París.
Traducción: Florencia Giménez Zapiola 

Déjà vu. Es la triste sensación que deja la secuencia iniciada en julio pasado en Grenoble y Saint-Aignan (departamentos franceses de Isère y de Loira y Cher, respectivamente). Unos jóvenes murieron al intentar escapar de las fuerzas del orden y de la violencia generalizada que estalló en el lugar donde vivían. El gobierno anunció su firmeza en la lucha contra la delincuencia y la puesta en marcha de un nuevo plan de acción. Los sondeos confirmaron la pertinencia del plan pero algunos representantes de la oposición, intelectuales y asociaciones de defensa de las libertades fundamentales protestaron contra la exageración de las medidas proyectadas.
Los lugares y los actores han cambiado pero desde hace aproximadamente treinta años la trama sigue siendo asombrosamente parecida. ¿No se hizo nada entonces? El ministro del Interior, Brice Hortefeux, explica: “La lucha por la seguridad derriba todos los clivajes tradicionales. Hay quienes conocen las realidades y actúan (y quienes las niegan para no cambiar nada). Nosotros tenemos el coraje de las palabras, la obstinación de la acción y la obligación de los resultados” (1). Rara vez el voluntarismo se expresa con tanta fuerza como sobre este tema. Veamos si no: entre 2002 y 2010 se votaron no menos de trece leyes específicas; más de cuarenta modificaron el código procesal penal y más de treinta, el código penal. Y hoy el gobierno francés y algunos miembros de la Unión para el Movimiento Popular (UMP) proponen castigar penalmente a los padres de los menores delincuentes reincidentes, despojar de la nacionalidad a algunos criminales, desmantelar trescientos campamentos ilegales de romaníes antes del mes de octubre e incluso sancionar a las municipalidades que “no cumplan con su obligación de velar por la seguridad”. 

¿Por qué esta obsesión securitaria? Algunos esgrimen que el resurgimiento del debate sobre la seguridad probablemente apunta a hacer olvidar los efectos sociales de la crisis económica, las múltiples repercusiones del “affaire Woerth” o el impopular proyecto de reforma de los jubilados. La explicación sigue siendo insuficiente. Desde fines de los años 1990 en Francia –pero también en Gran Bretaña o en Bélgica– la “inseguridad” adquirió el estatus de categoría política con todas las de la ley, con el mismo título que “la economía” o “lo social”, en el seno de las cuales se encontraba inmersa desde hacía mucho tiempo. Incluso se independizó y se impuso como una de las maneras predominantes de hablar de la realidad cotidiana de los ambientes populares. Así Sarkozy explicaba, en un discurso del 18 de marzo de 2009, que “la inseguridad es la primera de las desigualdades, la peor de las injusticias: golpea con toda su fuerza a los más débiles, los más precarios, los que no tienen los medios para instalarse en los barrios lindos”. En boca de un presidente que se distinguió desde su asunción por la implementación de un escudo fiscal que protege a los ricos del tormento de la redistribución por el impuesto, esas palabras resultan significativas.
Pero la idea ahora forma parte del sentido político común, incluso dentro de la izquierda. En el Partido Socialista (PS) la delincuencia, que fue percibida durante mucho tiempo como una consecuencia de las desigualdades sociales, es ahora aprehendida como uno de sus principales fundamentos. “Los ambientes populares no discuten que haya causas profundas para la delincuencia: el habitat precario, las condiciones de vida precarias, la falta de trabajo y la discriminación. (…) Pero saben que la acción sobre estas causas lleva tiempo y que ellos no pueden esperar” (2), explica el ex primer ministro francés Lionel Jospin. 

Desigualdad social y delincuencia
Esta disyunción entre la “inseguridad” y las cuestiones sociales y económicas es crucial para comprender el debate actual. En efecto, desde el momento en que el trabajo sobre los orígenes de la delincuencia se remite a un futuro indefinido, sólo resta hacer de la responsabilidad individual del delincuente (incluso de la de sus padres) el principal eje de intervención pública. Una filosofía liberal como esa, que percibe la sociedad como una yuxtaposición de actores racionales, libres e iguales que actúan en función de un cálculo costo/beneficio, impregna tanto las declaraciones de Eric Ciotti –secretario Nacional de la UMP encargado de la seguridad–, cuando declara que “la mejor de las prevenciones es en principio el temor de la sanción” (3), como las de Julien Dray –diputado socialista de Essonne– quien el 16 de julio de 2002 explicaba en la tribuna de la Asamblea Nacional: “No se elige el lugar de nacimiento, pero se elige su vida, y se elige volverse delincuente”. Ahora bien, aislar al individuo de esta manera impide entender el sistema de relaciones dentro del cual sus actos, incluyendo los descarriados, adquieren sentido.
Hortefeux se comprometió “a hacerle la guerra al tráfico y a las bandas de delincuentes”. Ahora bien, ¿sobre qué reposan la economía ilegal y las agrupaciones de “tribus urbanas”? La primera prospera sobre un fondo de pobreza y de vulnerabilidad social. El bizness cambia de forma según los barrios y la coyuntura; mezcla trabajo en negro, intercambios gratuitos de bienes contra servicios, reventa de droga, robo, recepción de mercaderías. Esta economía informal, utilizada por los miembros de la sociedad “legal” (quienes se procuran allí sustancias ilícitas o productos de consumo) (4), ofrece, por supuesto, recursos a los jóvenes a quienes emplea. Pero también representa una manera de escapar a la desafiliación y a la indignidad características de una precariedad propia de las masas que golpea a las fracciones más excluidas de las clases populares.
Sucede lo mismo con las “bandas” que, aunque con frecuencia son volátiles, constituyen para algunos “jóvenes a perpetuidad” (sin posibilidades de acceder a un empleo estable, a la autonomía respecto de sus padres, y a formar una familia) una alternativa creíble frente al rechazo que soportan en los ámbitos profesionales y escolares, así como una posibilidad de ganar respeto (5).
Esta doble dimensión económica y simbólica explica el fastidio que domina entre los policías cuando se los interroga sobre la posibilidad de terminar con esos fenómenos. A las tradicionales quejas contra los jueces que sueltan a los delincuentes tan pronto como son arrestados, se agregan además expresiones como “pozo sin fondo” o “trabajo de Sísifo”. Sin embargo, a la institución judicial –cuyas sanciones, según muchos magistrados, son más severas y más precoces que en el pasado–, le cuesta disuadir a los individuos que le son confiados de la delincuencia menor.
Militarización de las intervenciones policiales
Los hechos son testarudos y los ensordecedores discursos sobre la responsabilidad individual ya no pueden ocultar la influencia de las formas contemporáneas de organización de los ambientes populares, resultado de treinta años de crisis social y económica.
Sin embargo, no se trata de un simple fracaso de la opción policial y judicial que permitiría un retorno al statu quo ante. Cada movimiento de uno de los actores interviene sobre el comportamiento de los otros e influye sobre sus próximos movimientos. Por más que Sarkozy, proclame en un discurso del 18 de marzo de 2009: “Algunos atribuyen la violencia a la intervención de la policía en las ciudades. Pero, en fin, ¡es el mundo al revés!”, las estrategias policiales empleadas participan del problema que pretenden combatir.
A pesar de estar conminados a actuar contra los desórdenes sociales y la delincuencia juvenil que atraen la atención política, la mayoría de los altos responsables policiales se han puesto de acuerdo: sólo una policía que mantenga una presencia visible y continua sobre el terreno está en condiciones de jugar un papel útil. Una policía capaz de identificar a los alborotadores potenciales y que puede recurrir a toda una gama de acciones (de la amenaza a la represión, pasando por diferentes tipos de amonestaciones y de reprimendas) por ser considerada legítima para hacerlo. Es el espíritu del community policing, tal como se puede observar en Chicago, Gran Bretaña u Holanda, y que fue adaptada en Francia con la reforma de la policía de proximidad (1998-2003) y después, más tímidamente, a partir de 2008, con las unidades territoriales de barrio (UTEQ, por la sigla en francés de Unité Territoriale de Quartier), rebautizadas recientemente como brigadas especializadas de terreno (BST, por la sigla en francés de Brigades Spécialisées de Terrain). 

Pero aquí también se asiste a un retorno de la restricción económica. La organización de la policía no se hace independientemente de la orientación general del gobierno. Y, en un contexto de reducción drástica del crédito público y del número de funcionarios, es difícil promover un modo de acción ávido de personal. Así, la reforma de 1998 fue abandonada sobre todo por una cuestión de medios y las BST, por su parte, corren el riesgo de terminar en lo mismo. Incluso si contara con efectivos constantes –que no es el caso, ya que 8.000 puestos debieron ser suprimidos del presupuesto entre 2009 y 2014– no se ve cómo podrían sustraerse efectivos de las comisarías para afectarlos a las patrullas pedestres. 

El eje se desplazó entonces hacia las unidades de intervención, como las brigadas anticriminalidad (BAC), que tienen un radio de acción más amplio: dos equipos de BAC en auto alcanzan para cubrir las veinte manzanas de una circunscripción de policía, mientras que, teóricamente, hacen falta tres patrullas a pie por manzana. Es decir, en un momento dado, seis hombres contra sesenta… Estas unidades, que son muy eficaces para dispersar una riña o constatar un delito flagrante encuentran, sin embargo, grandes dificultades para regular las pequeñas indisciplinas juveniles. En efecto, a menudo deben efectuar una represión sin delito previo, un control sin infracción; la repetición de estos hechos aumenta la desconfianza de los grupos a los que se dirigen. Desconfianza que se manifiesta especialmente a través del aumento de los desmanes, incluso de rebeliones, que se han prácticamente duplicado en diez años (6). A las aglomeraciones sistemáticas en el momento de los controles (para “meter presión”), incluso al hecho de “apedrear” autos patrulleros, responden con inútiles y repetidas verificaciones de identidad, intimidaciones, humillaciones, incluso golpes.
Ante la falta de efectivos policiales, la dureza de estas relaciones no parece poder encontrar salida más que en la apuesta tecnológica. Ese es el objeto de la dotación de esas unidades con flash-balls, luego con tasers (7), cuyo empleo radicaliza todavía más las tensiones. Se ingresa aquí en una dinámica de escalada, en la cual la “militarización” de la intervención policial eleva el umbral de violencia, como quedó de manifiesto en 2007 con las revueltas de Villiers-le-Bel o, en menor medida, las de Grenoble.
Cuando la violencia genera violencia
En esas condiciones, los discursos securitarios llevan el germen de su propio fracaso, puesto que pretenden hacer desaparecer comportamientos sobre los cuales sólo tienen una influencia secundaria. La única salida es la apuesta verbal y legislativa, pero ésta se expone a la crítica de una oposición que puede comparar sin ninguna dificultad lo proclamado con los resultados. Es así que algunos dirigentes del PS –entre ellos la Primera Secretaria Martine Aubry–, ahora juzgan necesario volver sobre el tema de la defensa de las libertades públicas (en el debate sobre la detención preventiva, por ejemplo) y toman distancia respecto de figuras más “securitarias” del partido como Manuel Valls (8). 

Sin embargo, por necesarios que sean, el reequilibrio entre policía “de proximidad” y de intervención, así como el freno a la celeridad penal, no bastarán para resolver las tensiones y los conflictos reales que atraviesan los ambientes populares, ni tampoco para disciplinar sus fracciones más descontroladas.
Los mecanismos disciplinarios de la sociedad industrial sólo pudieron funcionar porque estaban estrechamente insertos en la vida cotidiana de los individuos, en el trabajo, el barrio, la escuela, la vivienda, la iglesia, el partido o el sindicato. Eran el resultado de una multitud de vínculos, creencias, obligaciones, y su legitimidad dependía estrechamente de las contrapartidas que les procuraba a aquellos sobre los cuales se ejercía (9). Ahora bien, en la actualidad muchos jóvenes escapan a la contención del trabajo, y no se ven las contrapartidas aportadas por las penas mínimas, el despliegue de patrullas de policía –aunque fueran “de proximidad”– o las leyes antibandas.
Por el contrario, estas medidas aparecen como un endurecimiento disciplinario con un único sentido, sin compensación. Percibidas como vejatorias o discriminatorias, tienen todas las chances de ser rechazadas, como atestiguan las explosiones esporádicas de violencia general que se propagan a veces en la actualidad (de Vaulx-en-Velin a Clichy-sous-Bois, de Mantes-la-Jolie a Grenoble) o, más cotidianamente, la aspereza de las relaciones con las instituciones y los servicios públicos. 
Aunque el gran bandolerismo es sin dudas un asunto de policía y de justicia, es quizás tiempo de terminar con la separación artificial instaurada entre la delincuencia menor y la cuestión social, de volver a vincularlas. Y de recordar que la única forma de gobernar a través de la inseguridad que funcionó de modo duradero fue la invención del purgatorio por los curas católicos del siglo XII (10). La introducción de un espacio de negociación entre el infierno y el paraíso contribuyó, en efecto, a asentar el poder temporal de la Iglesia en Occidente. Pero el riesgo de ser desmentido por los hechos era poco posible respecto a lo que hoy puede suceder en materia de lucha contra la delincuencia.
Notas
1 Le Monde, París, 23-8-10.
2 Lionel Jospin, Le monde comme je le vois, Gallimard, París, 2005, p. 249.
3 Le Figaro, París, 10-8-10.
4 Alessandro Dal Lago y Emilio Quadrelli, La città e le ombre. Crimini, criminali, cittadini, Feltrinelli, Milán, 2003.
5 Gérard Mauger, Les bandes, le milieu et la bohème populaire. Etudes de sociologie de la déviance des jeunes des clases populaires (1795-2005), Belin, París, 2006.
6 Pasaron de 32.938 en 1998 a 57.903 en 2008. Véase Aspects de la criminalité et de la délinquance constatée en France, La Documentation française, París.
7 Arma que tira balas de goma al principio e inflige después una descarga eléctrica de 50.000 voltios por segundo.
8 Véase especialmente el texto de Jean-Jacques Urvoas, diputado del Finistère y Secretario Nacional del PS encargado de la seguridad, De la sécurité de l’Etat à la protection des citoyens, Fondation Jean-Jaurès, París, 2010.
9 La France a peur. Une histoire sociale de l’“insécurité”, La Découverte, París, 2010 (nueva edición revisada y aumentada).
10 Jacques Le Goff, La naissance du Purgatoire, Gallimard, París, 1991.
L.B.

Argelia ya no cree en promesas


ARGELIA YA NO CREE EN PROMESAS

El presidente argelino Abdelaziz Buteflika acaba de reformar la Constitución para poder presentarse por un tercer mandato en abril de 2009, a pesar de que reconoció el “fracaso” de su política. Desesperada, la sociedad muestra desinterés frente a las elecciones, al tiempo que se han multiplicado los motines. 

Por: Ali Chibani, enviado especial
Traducción: Florencia Giménez Zapiola

“Para ir a Larbaa Nath Irathen (LNI, en Cabilia), sólo hay caminos que suben” (1) una sucesión de curvas en rutas estrechas. Se perciben colinas en cascada. Bajo una luz brillante, los fresnos, olivos y otros árboles frutales verdecen. 

Desgraciadamente, desechos esparcidos de manera anárquica estropean la belleza del lugar: botellas, bolsas y otros detritos tapizan el suelo. En todo el territorio, tanto en la ciudad como en el campo argelino, la destrucción del paisaje refleja el estado de ánimo de la sociedad. 

Antiguamente llamada Fort National por los franceses, la pequeña ciudad de LNI no abroga la regla frenética de las construcciones. Los edificios crecen como hongos en todo el país. Los ricos y los altos funcionarios se apropian generalmente de varios departamentos, lo que hace perdurar la crisis habitacional y obliga a los otros habitantes a manifestar violentamente su indignación. 

En las veredas de esta comuna, que tiene el aspecto de una ciudad de otro tiempo a causa de las construcciones coloniales destruidas, se aglutinan jóvenes desocupados: los hitistas (2). Sin embargo, los gobiernos sucesivos pregonan desde hace una década que la tasa de desocupación no excede el 12%.
“Es verdad que hay más empleos desde la llegada de Buteflika”, afirma Omar Achur, de 23 años y sin trabajo. Sentado a la sombra, Omar pasa sus días cuidando un “tavla”: un viejo mostrador de vidrio, con cigarrillos, tabaco para aspirar y golosinas. Una solución improvisada para ganar un poco de plata. Dos hombres compran dos cigarrillos. Omar se levanta para colocar el dinero en una caja verde gastada por el óxido. “¿Mi ideal?”, pregunta al sentarse, “encontrar trabajo. Si no, pienso dejar este país”. Como la mayoría de los jóvenes argelinos, su visa para Francia fue rechazada. De ahí, el nuevo fenómeno de los “harragas”, esos “quemadores de ruta” que arriesgan sus vidas sobre embarcaciones improvisadas con el fin de llegar a Europa. 

La tutela del Estado (de emergencia)
“Para irse de Argelia, las mujeres piden visas de estudio o buscan un ‘emigrado’ para casarse”, cuenta Sofía. Esta joven de 27 años se resiste a creer en un descenso de la desocupación. “Al contrario, veo cada vez más gente sin ocupación. Mire todos esos jóvenes que vagan. Incluso los profesionales están sin empleo”. No se cree afortunada por el hecho de ocupar un puesto en un “kiosco telefónico”. “Para una joven, lo importante es no quedarse encerrada en la casa. Yo trabajo de 8 a 16 horas, sin pausa para almorzar, para ganar 5.000 dinares (50 euros) por mes” (3).
Esta es la condición de la mujer argelina, explotada, como lo son por otra parte los inmigrantes africanos negros. “La mujer no negocia su salario. Los empleadores prefieren contratarnos antes que a un hombre que rechaza trabajar en las mismas condiciones que nosotras”. Esta treinañera, secretaria en el seno de una asociación social, gana 3.000 dinares (30 euros) por mes. “Mi salario no me sirve para nada. Mis padres me pagan el transporte para venir al trabajo”. Curiosamente, aunque acusa a los responsables en el poder de “dilapidar el maná petrolero”, considera positiva la presidencia de Buteflika. “Para mí no cambió nada, pero oigo a mucha gente hablar bien de él. Sobre todo, estableció ayuda para los jóvenes sin empleo y para que las familias modestas pudieran adquirir viviendas.” 

“¿La red social?, ¡pura espuma!” Para el alcalde de Larbaa Nath Irathen, Hocine Lounis, tanto el subsidio para la actividad de interés general (IAIG, por sus siglas en francés), en vigor desde 1994, como la prima de actividad y de inserción social (PAIS), remunerados respectivamente con 3.000 y 2.700 dinares por un período de seis meses –bajo la etiqueta de Reunión para la Cultura y la Democracia (RCD)–, constituyen una “explotación”. “Yo tengo que pagarle a un profesional joven o a un cuadro 3.000 dinares por mes. Eso equivale a no hacer nada contra la desocupación. En mi municipio, el 80% de las ordenanzas están bajo el régimen del IAIG. En otras palabras, cada seis meses hay que remplazar al 80% de los empleados.” Un programa así obliga al alcalde a valerse de artimañas frente a la ley. “Necesariamente, vuelvo a tomar a las mismas personas. ¿Cómo podría echar a las viudas que trabajan en las cantinas escolares? Sólo tienen ese salario irrisorio para alimentar a sus hijos.”
Lounis fue alcalde de 1997 a 2002; en 2007 fue reelegido. Estima que ya no puede asumir todas sus prerrogativas pues “Buteflika redujo el campo de las libertades. El Estado no quiere que los alcaldes actúen en favor del pueblo. Los proyectos de construcción o de reforma del sistema tributario local escapan al primer magistrado del lugar… El alcalde se ha vuelto un apéndice de la administración. Todo depende de la tutela”. La tutela: los ministerios y las “wilayas” (prefecturas) que deciden sobre los proyectos y su puesta en práctica en localidades cuyas necesidades ignoran. El alcalde del LNI cuenta que “Esos son los problemas que denuncian el conjunto de los alcaldes argelinos, sin importar su origen partidario. El Estado justifica la rigidez de la centralización por el estado de emergencia”.
En realidad, el gobierno no es el único culpable del deterioro de la gestión de las municipalidades. Los alcaldes y sus reemplazantes tienen mucho que ver. No hay servicio administrativo en el que la corrupción y el “acomodo” no marquen la ley. El simple ciudadano padece un chantaje permanente. Si tiene necesidad de un documento administrativo urgente, o si es controlado por un agente del orden celoso, debe recurrir a “sus relaciones” –los amigos bien ubicados– o abrir su billetera. Dda Idir (4), veterano de 76 años “que combatió por una Argelia distinta”, reconoce que “la injusticia domina. Si usted no tiene a nadie que lo ayude, se lo priva de todos sus derechos. Si conoce a un funcionario en la alcaldía, llega cuando quiere y pasa primero. Con los ‘conocidos’ puede obtener todo. Conozco personas, por ejemplo, que no han salido de sus pueblos durante la guerra y que cobran pensiones de veteranos.”
Esta práctica cuesta fabulosas sumas al presupuesto del Estado, en especial, en época electoral. El título de veterano o de hijo de “chahid” (5) es como la tarjeta “fidelidad” de un centro comercial: subsidios vitalicios, exoneración de algunos impuestos, rebajas en las agencias de viajes… Los partidos en el poder –Frente de Liberación Nacional (FLN) y Reunión Nacional Democrática (RND)– los reparten para ganar electores y convertirlos en adeptos. Así se da el caso de “veteranos” que no tenían edad de combatir entre 1954 y 1962. El propio presidente actual, por intermedio del Ministerio de Veteranos denunció a los impostores. “Buteflika dice cosas buenas –comenta Dda Idir–. El problema es que no mantiene sus promesas.” Se adivina la desesperación de ese anciano que “ruega a Dios para que el país cambie, aunque más no sea para ayudar a todos los jóvenes depresivos que no tienen más recursos que la droga.”
Miedo y miseria
Cuando llegó al poder, en abril de 1999, Buteflika suscitó esperanzas con sus discursos. Al hablar árabe argelino (6) y francés, y hacer referencia abierta a los orígenes amazighes (7) del África del Norte; al enumerar las dificultades sociales que un humilde ciudadano vive diariamente y zarandear a sus ministros inactivos, Buteflika se presentó a la población como un hombre providencial (8).
Pero ésta pronto se desengañó al descubrir en él una persona que pasaba la mayor parte de su tiempo en el extranjero. El movimiento de protesta de la Primavera Negra (abril-mayo de 2001), en Cabilia, sufrió una represión sangrienta que provocó ciento veintiséis muertos por balas –de las cuales cinco eran del LNI– y miles de heridos (9). Actualmente hay “revueltas” que estallan todos los días en el conjunto del territorio nacional. Ya nadie confía en las promesas del presidente; no se escuchan ni sus discursos ni los de otros representantes políticos. “La política no me interesa, sólo me preocupa el pan –dice un jubilado sentado a la mesa del Café del centro, sin consumir, donde algunos treintañeros juegan a las cartas con septuagenarios–. Mi jubilación no me alcanza para alimentar a mis cinco hijas sin empleo –confiesa el hombre–. A veces comemos; otras, nos armamos de paciencia.”
La mayor parte de la población debe dar prueba de esta paciencia. La explosión de los precios al consumidor no tiene precedentes. A 800 dinares la bolsa de sémola de 25 kilos, 650 dinares los cinco litros de aceite, y 130 el kilo de lechuga, los productos alimenticios básicos están fuera de alcance para el asalariado medio, sobre todo en el mes del Ramadán, mes de provecho comercial desvergonzado, donde el costo de los alimentos se duplica e incluso se triplica. “En Argelia, todo cambia de un día para el otro, salvo nuestra miseria”, se queja el jubilado que ignora que una reforma de la Constitución está prevista desde hace mucho.
Otro jubilado, ex obrero en Francia, bebe a sorbos una limonada en el mostrador. Después de un momento de vacilación, lanza: “Yo no tengo nada que decir a nuestros gobernantes. Ellos saben todo y no hacen nada para mejorar nuestras condiciones…Pero yo quisiera hablar al Estado francés y preguntarle por qué redujo (en ciertos casos) la ‘subvención por conyuge a cargo’, que afecta nuestro poder adquisitivo”. Extraña situación en la que la población se cree escuchada por un Estado extranjero y no por el suyo. Nuestro interlocutor reconoce, no obstante, que en diez años la situación de la seguridad cambió. “Tememos el bandidaje más que al terrorismo. Aquí, a uno lo pueden matar por 10 dinares. ¿De dónde viene todo esto? Lo ignoramos… ¿Pero quizás lo buscamos?”.
“¡Lo buscamos!”. Una expresión, dicha en francés, que apareció estos últimos años en la boca de los Cabilios. Acusan al Estado de haber favorecido el bandidaje, la droga, la prostitución –fenómenos aparecidos repentinamente– y de haber atraído a los grupos de Al-Qaeda al Magreb para forzar a la población a aceptar la vuelta de la gendarmería, retirada desde la Primavera Negra de 2001. ¿Verdad o paranoia? Difícil de responder, pues resulta imposible verificar las razones invocadas para formular esas acusaciones.
Pero, de hecho, hay miedo en todas partes. Durante los años 1990, se podía salir a cualquier hora en Cabilia. “Ahora, en invierno, yo dejo de trabajar a las 18 horas para evitar los obstáculos montados por bandidos que desvalijan los vehículos y los bienes de los que pasan”, confía Karim. Además del bandidaje (10), que ya ganó las otras regiones del país, este conductor de un furgón de transporte colectivo arriesga su vida todos los días. Según la confesión de un comisario de policía, “las rutas en Argelia llevan derecho al cementerio”. Para Karim, el índice elevado de los accidentes de tránsito se explica por “el mal estado de las rutas demasiado angostas, la falta de señalización y el poco respeto por el código. Pero la principal razón es que las personas no tienen miedo de morir. No esperan ya nada de la vida”. Desde hace diez años, la prensa argelina informa, casi todos los días, casos de suicidio. Generalmente se trata de jóvenes, hombres y mujeres.
Ya no es un foso el que separa al Estado de la Nación, sino un desierto árido. Nadie quiere atravesarlo para acercarse al otro. En diez años de presidencia de Buteflika, una elite burguesa, cercana al aparato del Estado, se fortaleció, mientras que la pobreza en el seno de la población ganó terreno. A primera vista, los islamistas son más poderosos que en los años 1990. Los terroristas “arrepentidos” o liberados de prisión se benefician con empleos y subsidios mientras que nadie sostiene a las víctimas de la barbarie integrista.
Lo trágico desembocó en lo irracional: muchos jóvenes se volvieron terroristas nada más que para beneficiarse con la generosidad del Estado después de la puesta en marcha de la “Concordancia civil” (11), transformada en “proyecto para la reconciliación nacional”. Se comprende que la reforma de la Constitución, que promete una enésima farsa electoral en un país donde el futuro corre el riesgo de ser más sombrío que el pasado, no suscite de ninguna manera el interés de los argelinos. “Lo que yo más quisiera es la paz”, concluye Karim Achour. “Un proverbio nuestro dice: la paz vale todas las saciedades.” Pero no se hace ninguna ilusión.
Notas
1 Proverbio Cabilio que inspiró Les Chemins qui montent, del novelista Mulud Feraun , Seuil, París, 1957.
2 “Hitista” (de hit, ‘pared’ en árabe), designa a los desempleados adosados todo el día a la pared.
3 El salario medio argelino es de 15.000 dinares (150 euros).
4 “Dda”, locución de respeto para nombrar a un hijo mayor.
5 Este término “mártires” designa a los hombres muertos en combate. Se estima en 2.500.000 el número de personas con el título de “ex mudjahid” o que tienen derecho a éste.
6 Sus predecesores solo utilizaban el árabe literario; incluso los argelinos arabófonos no lo comprenden.
7 Del nombre Amazigh, patriarca del pueblo berebere según la tradición.
8 Mohamed Benchicou hizo, sin embargo, un retrato poco halagüeño del presidente en Bouteflika, une imposture algérienne, Le Matin, Argelia, 2003. El periodista y director del diario Le Matin fue condenado, por represalia, a dos años de prisión efectiva y la publicación de su diario fue prohibida.
9 Leer Farid Alilat y Shéhérazade Hadid, Vous ne pouvez pas nous tuer, nous sommes déjà morts. L’Algérie embrasée, Edición número 1, París, 2002.
10 Estos “bandidos” raptan y secuestran además a empresarios y comerciantes a los que liberan luego del pago de un rescate.
11 La ley votada en 1999 prevé la suspensión de las prosecuciones judiciales contra los terroristas “arrepentidos” no culpables de crímenes de sangre. Se benefician con un empleo y subsidios. El Estado pone incluso al servicio de los ex “emires”, jefes regionales de los grupos islamistas armados, una escolta policial para asegurarles la protección. Leer Lahouari Addi, “En Algérie, du conflit armé à la violence sociale”, Le Monde diplomatique, París, abril de 2006.
A.C.


El ferrocarril senegalés


BATALLA SINDICAL ALREDEDOR DEL FERROCARRIL SENEGALÉS

Elecciones sobre fondo de crisis social
La elección presidencial del 25 de febrero de 2007 en Senegal tendrá lugar ante una grave crisis política. La demanda social que llevó a Abdoulaye Wade al poder en el año 2000 no ha sido satisfecha. Y la áspera lucha de los ferroviarios contra la privatización de la línea Dakar-Níger marca el regreso de una conciencia sindical en África Occidental.
Por: Vincent Munié

Documentalista, autor de La voie est libre, producido por France 3 y Les Poissons volants, 2006.

Traducción: Patricia Minarrieta

A un siglo de su fabricación por iniciativa de algunos blancos, he aquí que otros blancos, canadienses en este caso, ocupan las oficinas en Thiès (Senegal) del célebre expreso Dakar-Níger. Pero los trenes andan peor que nunca. Jamás en toda su historia se renovaron los rieles. El balasto no da más, los tirafondos desaparecieron, muchas traviesas están partidas y sobre todo, los rieles "arden". Esto significa que, a causa del calor, se dilatan tanto que se deforman, hasta que se salen de los bulones de juntura. Entonces los trenes descarrilan. No pasa un día sin que un carretón se atraviese, una locomotora o una aguja salte, o vuelque un vagón cisterna. De todos modos el tren alcanza una velocidad máxima, que no supera los treinta kilómetros por hora, en un pequeño tramo entre Guinguineo y Thiés. El trayecto entre Tambacunda y Kidira, de 160 km, que se efectúa a 10 km/h, lleva dieciséis horas de viaje.
En el interior de los vagones, los asientos están desfondados; los baños ya no existen; el aire caliente oscila entre los 45º y 48º; la sed impera. No obstante, los viajeros pagaron caro su pasaje (un asiento cuesta 35.000 francos CFA, es decir, 55 euros). Pero hay más.
Durante los tres días de viaje, el tren está ocupado también por otra sociedad más discreta: la de los clandestinos. En cada estación, ellos saltan antes que el tren se detenga, para esconderse y volver a los vagones con el tren ya en marcha. Ventaja: es gratuito. Inconveniente: extremadamente peligroso, muy incómodo, completamente expuesto al sol y a la ley del caíd que reina en este mundo paralelo.
Por último, son bastante frecuentes los descarrilamientos. Hay que prever entonces un mínimo de doce horas de parada suplementarias, tiempo que lleva al equipo de enderezamiento volver a poner los vagones sobre los rieles, con simples crics...
Dakar, diciembre de 2006. Los sindicatos africanos que combaten las privatizaciones del sector que se decidieron en distintos puntos del continente se reúnen en el "encuentro de los ferrocarriles de África". Las estrellas son los ferroviarios de la línea Dakar-Bamako: desde 2003 llevan adelante una lucha ejemplar contra la sociedad franco-canadiense Transrail, que compró esa histórica conexión. La política del nuevo propietario es efectivamente desastrosa para el
país y sus pobladores: abandono del tráfico de pasajeros en beneficio del transporte de carga, disminución de los salarios y beneficios sociales, supresión de 632 puestos, represión sindical, promesa de inversiones incumplidas, etc. El movimiento, que atraviesa Malí y Senegal, refleja el renacimiento en África Occidental de una conciencia sindical.
A mediados de marzo y mediados de julio de 2006, se realizaron huelgas que contaron con un amplio apoyo y vinieron acompañadas de marchas populares de protesta. La represión fue dura: suspensiones, despidos abusivos, rechazo de la negociación social, tentativa de infiltramiento de los sindicatos por parte de la directiva, intimidaciones, etc. La suerte de 21 ferroviarios senegaleses y malíes, víctimas de sanciones disciplinarias (despidos, suspensiones), y en particular la del sindicalista dakarés Pierre Ndoye, sigue en el centro de la pulseada entre los militantes y la compañía.
Aprovechando las diferencias de legislación entre Senegal y Malí, la dirección de Transrail intentó primero dividir a los trabajadores de la red, aplicando tratamientos distintos según las nacionalidades. Pero la maniobra fracasó y primó la vieja experiencia sindical de los ferroviarios: la Federación de los trabajadores del ferrocarril, Fetrail, de Senegal, y el Sindicato de los trabajadores del ferrocarril, Sytrail, de Malí, formaron una alianza simultáneamente a la creación del Colectivo ciudadano para el desarrollo integrado y la restitución del ferrocarril (Cocidirail) (1). Rápidamente se concretó la unión sindical de estos dos países en torno a una serie de reivindicaciones: defensa del interés de los ferroviarios y de los derechos sindicales, exigencia de que Transrail cumpla sus compromisos de inversión y garantice el servicio de transporte de pasajeros.
En vísperas de la elección presidencial senegalesa del 25 de febrero de 2007, "el tren" se incorporó al escenario político. Los sindicalistas denuncian las "colosales ganancias" de Transrail (y su expatriación) y el autoritarismo de los expatriados blancos ya instalados en las oficinas de la dirección. Junto a sus colegas malíes, acusan a sus gobiernos de "arrodillarse" frente a la compañía franco-canadiense (2). Obligados y bajo presión, los partidos compiten en planes de desarrollo (3). En diciembre de 2006, a fin de encontrar una salida a la crisis, se realizó en París una reunión de concertación entre ambos Estados y el operador privado, bajo la égida del Banco Mundial, que exigió la privatización en 2003. Pero ésta no desbloqueó el conflicto.
A la defensiva, el ministro senegalés de Obras Públicas, Habib Sy, anunció a principios de diciembre de 2006 la implementación de una auditoría con el fin de "hallar soluciones permanentes que permitan convertir al ferrocarril en una herramienta de desarrollo de los intercambios" (4). Desde que la crisis marfileña alteró los circuitos tradicionales de aprovisionamiento y salida hacia el mar, el transporte pasó a ser un tema aun más esencial para el desarrollo económico de la región.
Son pocos los trenes que siguen circulando por la "línea Dakar-Níger": para los 1.259 kilómetros de vías de ancho métrico que conectan la capital senegalesa con Kulikoro, en Malí, pasando por Bamako, los tiempos del esplendor colonial parecen perimidos. Hace tiempo ya que, a excepción de un convoy de carga diario, el célebre expreso Dakar-Níger sale sólo una vez por semana. Y encima, con algunos días de retraso cada vez... Tomarlo equivale a adentrarse en un mundo de vagones en ruinas, estaciones abandonadas, locomotoras que no funcionan, paradas que duran a veces varias horas y donde los trenes descarrilan. En 2003, cuando se lo privatizó, hacía años que el Estado había dejado de invertir -ajuste estructural obliga- en la red férrea, dejando a los ferroviarios impotentes frente a la degradación de su instrumento de trabajo. Según Pierre Ndoye, líder suspendido del sindicato Fetrail, "vale preguntarse si no dejaban todo abandonado por gusto, para hacer la privatización ineluctable...".
Apoyo popular a los huelguistas
Si bien no mata ni hiere a nadie, la decrepitud de la línea deja paralizada a toda una sociedad: comerciantes que viven de la economía informal que se implantada alrededor de las estaciones, trabajadores de los depósitos y de las vías, mujeres de zonas rurales que toman el tren para ir a vender sus productos a los centros poblados. En este sentido, ya sea que un tren recorra el más alejado valle de los Pirineos, el pueblo más perdido de los Urales o los campos de maní africanos, su lenta desactivación es siempre el testimonio de una renuncia. Las torcidas vías del Dakar-Níger, en el corazón de África, ilustran la repulsión de los neoliberales por los servicios públicos.
El que promovió la idea del ferrocarril transahariano, alrededor de 1870, fue el gobernador de la colonia francesa de Senegal Louis Faidherbe. Este tren, un puro producto de las perspectivas imperiales de Francia tenía varios objetivos. En primer lugar, a uno estratégico, como instrumento de transporte de tropas, garantes en sí de la "asimilación" política de las poblaciones aledañas. Así fue como la construcción de un primer tramo, Dakar-Saint Louis, a fines del siglo XIX, permitió el aplastamiento definitivo de la resistencia de Lat Dior, en el alto Kayor. "El arco" ferroviario transahariano debía servir asimismo como barrera a la expansión colonial de los británicos, presentes en ese momento en Sierra Leona, Liberia y Nigeria. La línea Dakar-Bamako se terminó en 1923 tras un arduo trabajo para el cual los colonos importaron toda una población de obreros burkinabe, reducidos a la condición de esclavos.
El segundo objetivo era económico: esta vía de penetración profunda permitía trasladar las materias primas hasta el puerto de Dakar; en Kaolack, había otra conexión reservada a los cacahuetes. Pero apenas puesto en marcha su servicio, el tren cumplió además una tercera función: la consolidación de los territorios que atravesaba. En efecto, las regiones recorridas por el tren experimentaron un crecimiento social y económico inmediato, dado que éste hizo afluir todo tipo de comercios alrededor de las estaciones. En 1940, el Dakar-Níger era una empresa floreciente, punta de lanza de las actividades algodoneras y mineras del África Occidental francesa (AOF): en 1946, trabajaban allí 8.000 ferroviarios diseminados a todo lo largo de las vías.
Los cargos jerárquicos de la administración del ferrocarril eran ocupados por funcionarios de la colonia, y ésta estaba organizada en torno a un axioma racista. Entre blancos y negros, la diferencia en el tratamiento era pasmosa: para la misma función, el salario podía llegar a duplicarse. En su gran mayoría, los ferroviarios negros, jornaleros, vivían en una precariedad completa. Sus deplorables viviendas contrastaban con los grandes chalés para funcionarios de los tubabs (blancos en wolof) de la ciudad Ballabey de Thiès, principal depósito de la red y centro obrero del país. Fue allí que, en 1930, se organizó el sindicato de los trabajadores indígenas del
Dakar-Níger (STIDN).
En 1938, y luego en 1946, estallan algunos movimientos. Una huelga iniciada el 21 de octubre de 1947 paraliza totalmente la vía férrea durante seis meses. La reivindicación es una sola: "A igual trabajo, igual salario". Como los partidos políticos estuvieron prohibidos hasta 1954 en el África Occidental francesa (AOF), esta simple exigencia de los ferroviarios fue rápidamente asimilada por los senegaleses y malíes como un primer paso hacia la independencia (5).
En todas partes la población se alía a los huelguistas. La solidaridad se organiza, y seis meses después, frente a la determinación de los ferroviarios, conducidos por Ibrahima Sarr, la dirección francesa cede.El tren cambia entonces de sentido. De instrumento de un sueño colonial francés, se convierte en trampolín hacia la independencia de un pueblo, que se reapropia así de las vías férreas que serpentean todo su territorio. De ahí en más, el ferrocarril será senegalés y malí, y estará al servicio de las poblaciones y su prosperidad. En 1960, la buena circulación de los trenes consiste para el presidente Leopold Segar Senghor, en una misión de servicio público. El gobierno contribuye eficazmente a su mantenimiento.
En los años '80, el ferrocarril empieza a envejecer: ausencia de inversión, material obsoleto. Con la competencia de los camiones, su rentabilidad se complica. En 2003, por prescripción del Banco Mundial, los gobiernos malí y senegalés aceptan privatizar la red. Se hace un llamado a licitación; un consorcio franco-canadiense, Canac-Getma (6), gana la concesión por 25 años, que viene acompañada por un acuerdo de explotación que compromete la responsabilidad del comprador sobre la continuidad del servicio de transporte de pasajeros. Los nuevos compradores crean una sociedad, Transrail. Ésta anuncia enseguida el despido y la jubilación anticipada de 632 ferroviarios, luego el rápido cierre de doce estaciones, que ocasiona indirectamente el declive de quienes vivían del paso de los trenes en las ciudades concernidas. Pero dado el aumento de productividad del instrumento, los concesionarios estiman prematura una nueva inversión. Contrariamente a las promesas anteriores a la privatización, Transrail gasta mezquinamente en materia de renovación del parque ferroviario y refacción de las vías de la alta región.
Desde entonces, los mecánicos aluden a la "buena suerte" o a un "milagro" cada vez que llegan a destino sin incidentes. Un tren por día logra de todas formas deslizarse sobre la red férrea con mil toneladas de carga por convoy. La capacidad anual de la línea alcanza entonces las 360.000 toneladas, lo cual equivale casi al objetivo de Transrail (380.000 toneladas). Esto quiere decir que basta con que pase un tren por día, no importa a qué velocidad. La rentabilidad de la empresa deriva pues de una simple ecuación: monopolio + objetivos modestos + inversión mínima + política social "moderna" = algunas ganancias (7). Por el momento, los se conforman...
Porque con esta línea, Canac-Getma se posiciona frente a otros ferrocarriles africanos ya privatizados, tales como los de Costa de Marfil y Burkina (Sitarail, grupo Bolloré), o aún de Camerún (Camrail, grupo Bolloré), de Gabón, Setrag, grupo Eramet), de Togo (Togorail, grupo West African Cement), y conquista entonces un papel estratégico dentro de la hipotética unión de las redes que desembocaría en la creación de un tren transafricano (proyecto Africarail).
Y además, nada impide pensar que se descubrirá un día un nuevo eldorado, en algún lugar camino a Níger... En ese caso, el transporte del mineral hasta la costa se cobraría muy caro y justificaría ampliamente la inversión de Canac-Getma. Dentro de semejante cuadro, las vendedoras ambulantes del "expreso", los dueños de restaurantes de las estaciones, los obreros de la vía y los pasajeros no pesan demasiado.
Por el momento, nadie entrevé otra salida a la crisis que una eventual "recuperación" de Transrail, o bien el regreso de la autoridad de los Estados a la administración de la red. En el Foro Social Mundial de 2006 en Bamako, Cocidirail y los militantes de África occidental allí reunidos hicieron clara alusión a la renacionalización. Los usuarios y trabajadores de la línea Dakar-Níger tratan de transformar su lucha en un símbolo para todo el continente (8). En Dakar, el "Encuentro de los ferrocarriles de África" del pasado 6 de diciembre permitió consolidar ciertos lazos sindicales entre los distintos países involucrados. Si no pasa nada, puede apostarse a la progresiva desaparición del expreso, al deterioro de las condiciones de trabajo dentro de la empresa y a la decadencia de las poblaciones vinculadas al tren. No obstante,Transrail, a resguardo de las críticas occidentales gracias a la capa invisible que aísla a África del resto del mundo, tiene las manos libres.
Un asunto de este tipo no atañe específicamente al continente africano. Tiecoura Traoré, líder de Cocidirail -él mismo despedido por Transrail en octubre de 2004-, subraya que el discurso de los sindicalistas malíes y senegaleses "no se diferencia tanto de las reivindicaciones en Europa. Respecto a la cuestión de los servicios públicos, contiene incluso muchos puntos en común". Única diferencia: África sigue siendo el continente de todas las prebendas y de un pillaje organizado. ¿Es acaso imaginable, en Francia, que un organismo internacional exija la privatización del tramo Nantes-Toulouse, dando carta blanca al comprador, incluso cuando su estrategia comercial va en contra del interés de las poblaciones y de la nación? ¿Y qué opinaríamos si una empresa china obtuviera la concesión, y rechazara desde un principio todo diálogo con los sindicatos?
Pero en este caso extraordinario, un fondo de inversión canadiense consiguió una colocación por 25 años, y -con ayuda del Banco Mundial, la complicidad del gobierno senegalés de Abdoulaye Wade y la pasividad del presidente malí Amadou Toumani Touré- robó una red férrea económicamente vital, pero además, fuente de orgullo nacional.
A los senegaleses y malíes les quedó claro que el transporte de pasajeros no estaba entre las mayores preocupaciones del nuevo operador privado, ya que la rentabilidad de la línea sólo podía provenir de un tráfico de carga "concentrado". Así que era inútil pagar las inversiones necesarias para el restablecimiento de una circulación normal.
La supervivencia del "expreso" depende entonces de una decisión que ponga a este tren de servicio público por encima de las leyes del comercio. Pero hasta el momento, los gobiernos senegaleses y malíes nunca se preocuparon por recordar a Transrail sus compromisos. Sólo los sindicatos se dedican hace tres años a ello, mediante una lucha que se endurece más y más.
Notas
1 www.cocidirail.info/
2 www.cocidirail.info/index.php?Actualites
3 Le Quotidien, Dakar, 4-12-06.
4 Walfadjri, Dakar, 7-12-06.
5 Ousmane Sembene, Les Bouts de bois de Dieu, Poche, París, 2002
(primera edición: 1960).
6 Canac pertenece ahora a la estadounidense Savage Companies y Getma
al grupo Jean Lefebvre.
7 Cocidirail anticipa la cifra de mil millones de francos CFA (1,5
millones de euros) de ganancias por mes.
8 www.fsmmali.org/article148.html?lang=fr
V.M.

Los "NINI" del sol naciente


MALVIVIR EN EL PAÍS DEL SOL NACIENTE

Jóvenes atrapados en la clase baja

La negativa a aplicar en su totalidad las recetas económicas de Estados Unidos no convierte a Japón en un país modelo. Lo atestigua el auge del desempleo juvenil, el incremento de las desigualdades y la violencia en las relaciones interpersonales.
Por: Odaira Namihei

Un informe del Banco Mundial del 29 de marzo de 2006 estima que con un crecimiento del 2,8% previsto para 2006, “la economía japonesa demuestra que salió finalmente de su largo período de estancamiento, que duró diez años”. Pero para millones de jóvenes japoneses el futuro es incierto. Desde que la economía se sumió en los abismos de la recesión, hace una década, deben aprender a vivir al día. Hiroko Nomura, una joven de 28 años, vive de changas desde que egresó de la Universidad Waseda en Tokio, en marzo de 2000. Ese año, por primera vez en la historia, la tasa de empleo (1) de los jóvenes profesionales cayó por debajo de la línea del 60% hasta alcanzar el 55,8%. Al igual que muchos de sus amigos, Nomura se encontró sin empleo, librada a su suerte. “Después de haber enviado sin éxito unos sesenta currículum, estaba dispuesta a aceptar cualquier puesto”, explica. Habiendo previsto durante un tiempo trabajar en el diseño finalmente fue contratada en una empresa de publicidad por un salario mensual de 150.000 yenes (1.050 euros). “Estaba feliz de haber escapado al desempleo”, reconoce, aunque rápidamente se haya desilusionado. “Las horas extra, el estrés y el tiempo de viaje pudieron más que mi salud”, más aun cuando sus condiciones laborales y su salario no parecía que fueran a cambiar. Numura prefirió renunciar.
Miles de jóvenes enfrentan las mismas dificultades, ya que las ofertas de empleo se redujeron considerablemente, aunque los datos publicados en abril parezcan indicar una evolución más favorable: por primera vez desde 1995, el número de nuevos contratos por tiempo indeterminado (CTI) supera a los de tiempo determinado (CTD) (2).
En Tokio, frente a la estación de Shibuya, uno de los barrios más populares de la capital, Young Hallo Work, la agencia de empleos para personas de menos de 30 años, está siempre llena. Cientos de jóvenes acuden allí con la esperanza de conseguir un CTI que les permita dejar los pequeños trabajos. Según datos oficiales, Japón registraba en 2004 (última estadística conocida) unos 4 millones de freeters de 15-34 años. La palabra freeter, neologismo formado a partir del término inglés free (libertad) y el alemán arbeiter (trabajador), designaba originalmente a los jóvenes que se negaban a someterse a las normas de trabajo habituales (el empleo permanente) y optaban por los CTD. Con la crisis, esta opción prácticamente ya no existe y los pequeños trabajos son los que más abundan. Los freeters representan actualmente uno de cada cinco jóvenes activos de 15-34 años. Sus ingresos oscilan entre los 100.000 y 200.000 yenes por mes, es decir, aproximadamente la tercera parte de lo que gana un asalariado común.
Otro tema preocupante es el fuerte aumento del número de Nito (del inglés NEET, acrónimo de “not in education, employment or training”; personas que no están en el sistema educativo, ni trabajan, ni se capacitan); el 40% de ellos no tiene ninguna calificación y prácticamente ninguna posibilidad de insertarse en la sociedad. Como nunca trabajaron, no reciben ningún subsidio por desempleo. Se estima que son aproximadamente 850.000 personas. Como consecuencia de ello, existe una creciente pauperización de la sociedad. El índice de pobreza, definido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y que designa el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a la mitad del ingreso promedio del país, superaba en 2005 el 14%, tres veces más que el de Dinamarca o Suecia.
De los 25 países miembros de la OCDE, sólo Estados Unidos y México registran porcentajes más altos. Si bien a fines de años 1970 la gran mayoría de los japoneses afirmaba pertenecer a la clase media (chûryû), treinta años más tarde considera que la reciente evolución económica del país generó una “clase baja” (karyû shakai), poniendo fin al igualitarismo social elogiado durante décadas. Son los jóvenes y los mayores quienes integran principalmente esta nueva clase social, explica Atsushi Miura, autor de Karyû Shakai (3), obra que vendió alrededor de un millón de ejemplares desde su publicación en septiembre de 2005.
“El sistema económico y social surgido en 1955 con la llegada del Partido Liberal Demócrata (PLD), que dominó la escena política durante las siguientes cuatro décadas y cuyo objetivo era ubicar a Japón entre las grandes potencias industriales del planeta desapareció por completo, -estima Miura-. Asistimos al nacimiento de lo que cabe llamar el “sistema 2005”, que sigue estando desde luego dominado por el PLD, pero que ya no está animado por un deseo común de lograr el bienestar de la gran mayoría”. El fenómeno que condujo a lo que Atsushi Miura llama el “sistema 2005” (2005 nen taisei) comenzó en los años 1980. En esa época, el presidente estadounidense Ronald Reagan había decidido implementar una política que privilegiaba la desregulación, la rebaja de impuestos y la reducción del gasto público. La economía estadounidense se reactivó y esta orientación ultraliberal fue presentada como modelo a los dirigentes nipones.
Suicidios masivos
A pesar de los miles de millones inyectados a la economía, la maquinaria no se puso en marcha. Las autoridades iniciaron entonces un programa de reformas estructurales y desregulaciones, que favorecían el desempleo (4) y ponían en tela de juicio el funcionamiento del conjunto de la sociedad misma. Durante la primera mitad de los años 1990, se reestructuraron numerosas empresas. Las que desempeñaban un papel clave para la integración de los jóvenes profesionales en la vida social comenzaron a reducir considerablemente su personal.
Para toda una generación que había estudiado sin descanso con el fin de ingresar a los mejores establecimientos educativos, que les garantizarían un puesto en las más grandes empresas y por ende un puesto de trabajo vitalicio y un salario acorde con la antigüedad, el golpe fue difícil de sobrellevar.
Los asalariados de más edad no quedaron a salvo. Quienes se habían entregado en cuerpo y alma al desarrollo de su empresa y solían ser presentados como “soldaditos”, también fueron sacrificados durante la ola de despidos. Al no poder sobrellevar la situación, algunos de estos desamparados decidieron quitarse la vida. En 1978, eran algo más de 20.000 por año. En 2005, la cifra asciende a cerca de 32.000. “Desde 1989, según las estadísticas de la Agencia de la Policía Nacional, se suicidaron unas 450.000 personas”, confirma Hisao Sato, presidente de la asociación Kumo no Ito (La Telaraña), que se fijó como misión prevenir el suicidio en esta generación particularmente vulnerable. Para Tomohiro Otsuki, autor de varias obras sobre el suicidio en Japón, este recrudecimiento proviene de la política económica del Estado: “Bajo la responsabilidad del gobierno de Koizumi, Japón impulsa una política neoliberal inspirada en Estados Unidos, que se traduce en un desentendimiento del Estado cada vez mayor. El proyecto de privatización del Correo, lanzado en el verano de 2005, es el ejemplo más reciente. Esta orientación política dio lugar además a numerosos escándalos, como el que estalló a fines del año pasado en torno al incumplimiento de las normas antisísmicas por parte de los agentes inmobiliarios. Éstos últimos se habían beneficiado de la inoperancia de los servicios públicos para hacer lo que querían. Todo esto contribuye a reforzar el sentimiento de inseguridad en la población (...). Además, Japón no ofrece prácticamente nada a los desempleados que no pueden contar con subsidios para sobrellevar la situación. En cuanto a los jóvenes, no tienen muchas perspectivas y puede entenderse su deseo de no querer seguir viviendo”.
La cuestión del suicidio es lo suficientemente espinosa como para que los poderes públicos comiencen a interesarse en ella. El Ministerio de Salud y Trabajo se fijó como objetivo reducir a 22.000 la cantidad de suicidios de aquí al 2010, pero Sato tiene sus dudas. “Los poderes públicos crearon una comisión encargada de la prevención de suicidios que dispone de un presupuesto de mil millones de yenes. Si se compara el número de muertos en accidentes de tránsito con el de suicidios, se observa que el primero es 4,4 veces menor que el segundo. Sin embargo, se liberó una partida de 1 billón de yenes para reducir el número de muertos en las rutas”.
Afortunadamente, no todas las víctimas de estos trastornos económicos y sociales decidieron quitarse la vida. Muchas de ellas vieron en el éxito de los jóvenes empresarios surgidos de la nueva economía un medio para salir del paso rápido y bien. Es verdad que personajes como Takafumi Horie o Masayoshi Son, propietarios respectivamente de Livedoor y Softbank, conquistaron a una parte de la opinión pública deseosa de creer que la solución a todos sus problemas se encontraba en la economía neoliberal, representada especialmente por estos dos personajes muy mediáticos y adulados por Junichiro Koizumi. Para el primer Ministro, mostrarse junto a ellos significaba posicionarse en el bando de los ganadores (kachi gumi). Su apoyo a Horie, “candidato independiente” en Hiroshima, durante las elecciones legislativas de septiembre de 2005 (5) ilustra perfectamente este estado de ánimo. Esto contribuyó además a la cómoda victoria de Koizumi, haciendo creer que el conjunto de la sociedad podría beneficiarse con esta política. Pero Horie “cayó” a raíz de una historia de cuentas fraudulentas, poniendo en evidencia la fragilidad de las fundaciones en las que el gobierno pretendía construir el conjunto de su política económica y social. En el lapso de unos días, Japón perdió algunas de sus ilusiones y los japoneses comprendieron que debían seguir viviendo durante un tiempo con sus problemas sociales. El envejecimiento de la población y el creciente aislamiento de muchas personas mayores no resuelven la situación.
Resulta significativo el nuevo concepto lanzado por el gigante de la agroalimentación Nissin, especialista en fideos instantáneos, que desea desarrollar productos concebidos especialmente para los de más bajos ingresos. Como explicaba recientemente su presidente Ando Koki, “asistimos al surgimiento de una clase social pobre que tenderá a desarrollarse muy rápido en los próximos años. Debemos pues prepararnos creando productos que se adapten a esta población” (6).
La multiplicación de las marcas baratas refleja asimismo este crecimiento de una población que tiene cada vez más problemas económicos (7).
Los importantes ahorros con los que contaba la mayoría de las familias permitieron durante mucho tiempo mantener la ilusión de una sociedad sin grandes dificultades. “Actualmente, una de cada cinco familias dispone de ahorros de menos de 500.000 yenes (menos de 3.500 euros), lo que significa que ya no dispone de casi ninguna reserva”, explica la economista Sayuri Shiraishi. Señala especialmente el hecho de que en 2004 el número de familias que percibía ayuda social (seikatsu hogo), cruzó por primera vez el umbral simbólico del millón; en 1992, después del estallido de la burbuja financiera, eran sólo 580.000.
Notas al pie:
1 Porcentaje de jóvenes que consiguieron empleo un año después de
completar sus estudios.
2 Asahi Simbun, Tokio, 8-4-06.
3 Miura Atsushi, Karyû Shakai (Clase baja), Kobunsha, Tokio, 2005.
4 La tasa de desempleo oficial pasó de un promedio del 2% a comienzos de los años 1990 al 5,5% entre 2002 y 2004 y alrededor del 4% en 2005.
5 Horie fue sin embargo derrotado.
6 Entrevista en Asahi Shimbun, Tokio,12-10-05.
7 Según una encuesta realizada por Yomiuri Shimbun, el 81% de las personas consultadas considera que la “fractura social en Japón es cada vez mayor” y el 56% piensa que “las reformas llevadas a cabo por el gobierno de Koizumi son directamente responsables de ella”, Yomiuri Shimbun, Tokio, 14-3-06.

El Egipto de los estómagos vacíos


26 de mayo de 2008
Protestas obreras sin precendentes desde 1948
El Egipto de los estómagos vacíos
Por: Joel Beinin

En Egipto, los salarios reales continúan bajando considerablemente mientras el desempleo aumenta. Desde fines de 2004, a medida que la situación social se degrada, se multiplican las manifestaciones y las huelgas. El alza de precios en los productos alimenticios no hace más que agravar las tensiones. El país se encuentra en ebullición. 

“La ciudad está en llamas. Miles de manifestantes que lanzan piedras y entonan consignas antigubernamentales invaden las calles y son víctimas de bastonazos, gases lacrimógenos y balas de verdad”. Mohamed Al-Attar es miembro del comité de huelga que eligieron los veinticinco mil obreros de Misr Spinning and Weaving Co., gigante textil del sector público y la mayor empresa industrial de Egipto. Evoca la explosión de cólera popular del 6 de abril en Mahallah Al-Kubra, importante centro industrial al norte de El Cairo sobre el delta del Nilo (1).
El mes de enero, el comité había depositado un preaviso de huelga para el 6 de abril: se trataba de obligar a la dirección a cumplir las promesas hechas al finalizar las dos movilizaciones anteriores, en diciembre de 2006 y septiembre de 2007. Pero este preaviso se convirtió en una convocatoria a un paro nacional de protesta contra la escasez del pan subvencionado y la brutal alza del precio de muchos productos alimenticios de primera necesidad –entre 2005 y 2008 de al menos un 30% para la carne y hasta el 146% para el pollo–. Entre las reivindicaciones se exigía el aumento del salario mínimo –fijo desde 1984 en 115 libras egipcias– a... 1.500 mensuales (1 euro equivale a 8,62 libras egipcias).
El índice de inflación anual alcanzó un 15,8% el mes de marzo pasado. La grave escasez del pan subvencionado, principal fuente de calorías para la mayoría de los egipcios, no hizo más que aumentar la carga de los pobres. Los inspectores gubernamentales mal pagos a menudo venden la harina subvencionada en el mercado negro. Las disputas que estallaron en las largas colas frente a las panaderías provocaron numerosos heridos e incluso muertos. En cuanto al pan no subvencionado, su precio casi se duplicó en dos años.

El 2 de abril las fuerzas de seguridad ocuparon la ciudad de Mahallah Al-Kubra y el complejo textil de hilatura Misr. Ejercieron presión sobre Mohamed Al-Attar y los otros miembros del comité de huelga para que anularan las consignas. Pero al mismo tiempo la empresa satisfizo algunas antiguas demandas: aumento de 40,6 euros mensuales del salario base para los obreros no calificados, de 43,5 euros para los diplomados de colegios y escuelas de formación profesional y de 46,4 euros para los diplomados universitarios; aumento del dinero para comidas, que pasa de 5 euros mensuales a 10,5 euros; y la promesa de cumplir finalmente con el compromiso ya asumido de poner en servicio un transporte gratuito para los trabajadores.
De ahora en más los obreros mejor pagos del Misr ganarán casi 116 euros por mes. Así, el Consejo Nacional de Salarios y la Federación de Sindicatos Egipcios (vinculada al poder) entablaron negociaciones sobre el salario mínimo nacional. Por cierto, recomendarán mucho menos que los 139 euros preconizados por los huelguistas del Misr, aunque esta suma esté aún por debajo del umbral de pobreza que fijara el Banco Mundial (2 dólares, es decir 1,26 euros diarios para una familia de cuatro personas).

Movilizaciones y represión

Así, manejando la zanahoria y el garrote, el poder logró que el comité anulara la huelga del 6 de abril, lo que decepcionó a muchos trabajadores, aún decididos a realizarla. Poco después del cambio de turno de las 15:30, en la plaza principal de la ciudad, algunos obreros se unieron a una muchedumbre compuesta sobre todo de jóvenes y mujeres que, sin dirigentes, coreaban “O Pacha, ô bey (2), un pan (no subvencionado) cuesta un cuarto de libra”.

Contra esta protesta espontánea el régimen lanzó a individuos a sueldo para que dispersaran a la muchedumbre a pedradas. Las fuerzas de seguridad en uniforme utilizaban gases lacrimógenos. Aumentó la violencia, la muchedumbre quemó los carteles de los candidatos del poder a las elecciones municipales del 8 de abril. Elecciones carentes de legitimidad y que no interesaban a nadie –el porcentaje de participación fue muy bajo–. Se había arrestado a cientos de candidatos que los Hermanos Musulmanes habían presentado dos semanas antes, eliminando así la principal fuerza opositora.
Los actos violentos continuaron el día siguiente, el 7 de abril, cuando varios miles de manifestantes –muchos más que en la jornada anterior– empezaron a destruir un afiche gigante del presidente Hosni Mubarak. Durante esos dos días las fuerzas de seguridad arrestaron a 131 personas y molieron a golpes a muchos otros, hiriendo seriamente a nueve y matando de un disparo en la cabeza a Ahmad Ali Mubarak, un muchacho de quince años que observaba la escena desde el balcón de su departamento.
El 8 de abril una delegación de altos funcionarios encabezada por el primer ministro Ahmed Nazif se precipitó a Mahallah al-Kubra para calmar los ánimos. Nazif acordó una prima de un mes de salario a los obreros del Misr y de quince días a los otros trabajadores de la industria textil. El ministro de Inversiones prometió mejores transportes, panaderías especializadas en la distribución del pan subvencionado y la reapertura de la cooperativa alimentaria, también subvencionada, donde se podía obtener arroz, aceite, azúcar y harina. Además, el hospital central de la ciudad recibiría nuevos equipamientos médicos y refuerzos de personal especializado. En el mes de marzo, la muerte de ocho enfermos cardíacos se debió muy probablemente a un aparato defectuoso (3).

Creado en 1927, el Misr es el más antiguo complejo textil (hilatura) industrial de Egipto. Su importancia simbólica es enorme, dado que fue la nave insignia del sector público nacionalizado en 1960. Lo que allí sucede repercute a menudo sobre los salarios y condiciones de trabajo en otras industrias. Por esta razón, el gobierno estaba dispuesto a pagar un precio elevado para satisfacer las reivindicaciones de estos trabajadores, como ya lo había hecho en el pasado, y así evitar que el movimiento se extendiera.
La idea de huelga que lanzaron los obreros de Mahallah Al-Kubra se transformó en un llamado a la huelga general con el apoyo de Kifaya –coalición multicolor y prodemocrática compuesta sobre todo de intelectuales del Partido Laborista (islamista), del Partido nasserista Kamara y del Colegio de Abogados–. Por otra parte, una “red social” (Facebook) que se adjudica sesenta mil adherentes habían pedido que el 6 de abril la gente no se moviera de sus casas.
En efecto, los obreros de algunas empresas se declararon en huelga. Se realizaron importantes manifestaciones frente al Colegio de Abogados y en varios campus. La circulación disminuyó considerablemente en el centro de El Cairo y en los mercados de los barrios pobres como Imbaba se observó muy poca actividad. Pero la huelga general abortó, en particular debido a que la noche anterior un centenar de activistas fue arrestado.
Una manifestación organizada por Kifaya el 11 de diciembre de 2004 marcó en Egipto el inicio de un período de efervescencia política (4). Contrariamente a la tradición, los manifestantes atacaron en forma directa al presidente Mubarak. Le pidieron que no volviera a presentarse en las elecciones de 2005 (aunque lo hizo), que se abstuviera de imponer a su hijo como su sucesor (tal cual esperaba la mayoría de los egipcios) y que redujera los poderes presidenciales (de hecho, las enmiendas constitucionales de marzo de 2007 los aumentaron). En su origen el movimiento Kifaya parecía muy prometedor, pero tras la guerra del Líbano de 2006 comenzó a desinflarse. Desde 2004 el Partido Comunista, el nuevo Partido Socialdemócrata y el Partido Revolucionario (trotskista), ganaron terreno entre los trabajadores, mientras que en su conjunto Kifaya se mantiene al margen del movimiento obrero.
Pero el apoyo que Kifaya aportó a la huelga general del 6 de abril fue juzgado lo bastante inquietante como para provocar la detención de George Ishak y otros cincuenta miembros fundadores de la organización. El acta de acusación era falsa, como cada vez que el régimen ataca a la oposición. El 11 de abril una delegación de veinticinco universitarios se dirigió hacia Mahalla Al-Kubra para manifestar su solidaridad y visitar a las familias de los presos y a los heridos. Les bloquearon el paso a veinte kilómetros de la ciudad. Estos acontecimientos prueban la intensificación de las medidas represivas contra los opositores laicos, represión que se añade a las que ya se ejercen desde larga data contra los Hermanos Musulmanes.
El éxito de sus huelgas hizo que los obreros de Mahalla Al-Kubra encabezaran la enorme rebelión obrera que movilizó hasta a cuatrocientas mil personas: a partir de 2004 se sucedieron huelgas, ocupación de plantas, manifestaciones y otras formas de acción colectiva. Este movimiento obrero animó a otras categorías sociales a recurrir a la huelga o a la amenaza de huelga, por ejemplo a las profesiones liberales: médicos, universitarios, dentistas. Se trata del movimiento social más importante en Egipto desde la campaña contra la ocupación británica, tras la Segunda Guerra Mundial.
Este fenómeno social es sobre todo una reacción contra el programa neoliberal, contra la instauración de un Nuevo Egipto que apenas incluye al 10% de la población, excluye a obreros, empleados y, sobre todo, a funcionarios de un sector público que se reduce cada vez más. A raíz de los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial con vistas a “la reforma y el ajuste estructural de la economía” y en 1991 su traducción en la ley del país, trescientos catorce empresas públicas pasaron a ser candidatas a la privatización.
Diez años más tarde ciento noventa de ellas habían pasado al sector privado. En julio de 2004 entró en funciones un nuevo gobierno, presidido por Ahmad Nazif. Los expedientes económicos se habían confiado a universitarios formados en Occidente o a hombres de negocios cercanos a Gamal Mubarak, hijo mayor del Presidente. Dominado por su entorno, este gobierno desencadenó una segunda ola de privatizaciones. En el curso del primer ejercicio fiscal de su mandato estableció incluso un récord, al vender diecisiete sociedades al sector privado.


Que renuncie todo el gobierno”

A medida que se implementaba este programa aumentaba el miedo al desempleo, y los inversores privados se resistían cada vez más a pagar ventajas sociales atrasadas como, por ejemplo, los dividendos que se debían a los obreros que poseían acciones, o como las contribuciones patronales a los fondos jubilatorios que algunos administradores públicos hacía diez años que no pagaban. Los salarios reales se redujeron notablemente, la fractura social empeoró. Los cálculos del umbral de pobreza varían, pero en promedio se piensa que un 40% de los egipcios viven con menos de dos dólares diarios.
Así pues, desde 2004 estas condiciones vienen provocando una ola de huelgas y acciones colectivas obreras sin precedentes. En el curso de los seis primeros meses de 2004 se contaron setenta y cuatro acciones reivindicativas, pero tras la entrada en funciones del gobierno Nazif en el mes de julio esa cifra se multiplicó, alcanzando ciento noventa y una en los seis meses siguientes (5). Alrededor del 25% de las acciones desencadenadas ese año se produjeron en el sector privado, lo que no tiene precedentes. Durante el año 2006 el diario de centro-izquierda Al-Misri Al-Yawm enumeró doscientas veintidós huelgas, ocupaciones de fábrica y manifestaciones (6). En 2007, Egyptian Workers and Trade Union Watch contó quinientas ochenta acciones reivindicativas (7).
Ese año las huelgas empezaron en la industria textil y de la indumentaria para ganar el trabajo públicos, el transporte, el subterráneo de El Cairo, el sector agroalimentario, la panadería, los servicios sanitarios, los campos de petróleo de Suez, el complejo siderúrgico y la fábrica de cemento nacional en Heluan, y muchos otros. Después de décadas es la primera vez que numerosos obreros del sector privado participaron en un movimiento de este tipo. En el curso del verano boreal de 2007 se extendió a los empleados, funcionarios y a las profesiones liberales. La acción más masiva se desarrolló en diciembre de 2007 con la huelga de los cincuenta y cinco mil funcionarios encargados de cobrar los impuestos locales sobre los bienes inmuebles. Tras un mes de manifestaciones callejeras y una huelga que duró diez días obtuvieron la paridad salarial con sus homólogos nacionales, que son empleados directos del Ministerio de Hacienda.
El movimiento obrero popularizó una cultura de protesta y contribuyó a la formación de una conciencia ciudadana con mucha mayor eficacia que los moribundos partidos de oposición laica o las organizaciones no gubernamentales más activas. En septiembre de 2007, ante una reunión de obreros en huelga, Mohamed Al-Attar declaraba: “Quiero que todo el gobierno renuncie... Quiero el fin del régimen de Mubarak. La política no puede ignorar los derechos de los trabajadores. El trabajo tiene una dimensión política. Aquí ahora somos los testigos de la verdadera democracia”.

1 Faiza Rady, “A Victory for the Workers”, Al Ahram Weekly Online, 10/16-04-08.
2 “Pacha” y “bey” se refieren a títulos que se usaron durante el reinado, antes de la revolución de 1952 y de la instauración de la República.
3 Daily News Egypt, El Cairo, 7-4-08.
4 Acerca de la situación política y las elecciones, véase Hussam Tammam, “Nueva era para los Hermanos Musulmanes”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, septiembre de 2005.
5 Informe anual 2004, Land Center for Human Rights, El Cairo.
6 Al Misri al-Yawm, El Cairo, 2-3-07.
7 Jonathan Spollen, “Workers Take to the Streets. The Strikes of 2007”, Daily News Egypt, 30-12-07.

J.B.